Centro Democrático Liberal rechaza con indignación el control que vienen ejerciendo el PSOE y el PP sobre el poder judicial en España. Mañana martes 21, el Congreso de los Diputados debatirá sobre la prórroga en funciones de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). El debate se produce tras el intento de dimisión la semana pasada de tres miembros cuyos mandatos expiraron hace meses y quienes se han visto obligados a permanecer en sus cargos por la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios.

PP y PSOE demuestran una vez más un desprecio absoluto hacia la separación de poderes que debería existir en una democracia real, permitiendo – por motivos partidistas - una situación insostenible del máximo tribunal de España.

La función principal del poder judicial consiste en servir de contrapeso al exceso de poder del ejecutivo, del parlamento, y en general de los partidos políticos, de tal forma que se garantice de forma adecuada la libertad de los individuos.

El primer problema que tenemos a este respecto es que nuestra Constitución permite que los partidos políticos controlen el poder judicial, al otorgarles la designación de la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional, así como de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el gobierno del poder judicial. Incluso el funcionamiento, necesidades, financiación, personal, etc., de todos los juzgados y tribunales es controlado por el poder ejecutivo, cuando debería ser decidido por un CGPJ independiente, atendiendo a los intereses reales de cada juzgado y/o tribunal, que supone ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Por otro lado, el Constitucional no forma parte realmente del poder judicial, siendo sus miembros en muchos casos catedráticos, políticos, secretarios judiciales, etc. Y por último, el Tribunal Constitucional – que es marcadamente político - se ha arrogado competencias que no tiene, generando un enfrentamiento con el Tribunal Supremo (TS). En muchos otros países democráticos, el control de constitucionalidad es realizado por el Supremo.

Si no hay una eficiente separación de poderes, de forma que el legislativo y el ejecutivo estén sometidos al control del judicial, no hay libertad individual. A corto plazo es preciso que PP y PSOE se pongan de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, pero a medio plazo es imprecindible por el bien de todos los ciudadanos reformar la Constitución Española de la siguiente manera:

   -Supresión del Tribunal Constitucional y atribución de sus competencias al Tribunal Supremo. Es mejor que la constitucionalidad de las leyes la determinen jueces profesionales. Además, se reforzaría la independencia del poder judicial, se evitaría la invasión de competencias que corresponden al Supremo, y se reduciría el volumen de la administración contribuyendo así a la reducción del gasto público.

   -Establecimiento de cargos vitalicios para los jueces del Supremo garantizando de esta manera su independencia del poder político. Se permitiría – dada la necesidad de que exista un equilibrio de poderes - que el poder político designara un porcentaje minoritario de los jueces del Supremo, siendo el resto elegido por jueces.

   -Refuerzo de la independencia del Consejo General del Poder Judicial, con la mayoría de sus miembros siendo elegidos vía un sistema democrático entre todos los jueces que quieran presentarse libremente, pudiendo votar jueces, secretarios de juzgado y tribunales, procuradores y abogados.

CDL Comunicación (Madrid)