¡ELIMINEMOS EL DESPILFARRO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS!

La crisis económica ha resucitado la polémica sobre la financiación local. El debate no es nuevo, pero renace ahora después de que haya estado aparcado durante los años de bonanza económica. El boom urbanístico ha inyectado cantidades importantes a las arcas de todos los municipios, pero ahora ese grifo se ha cerrado y las insuficiencias del sistema quedan al descubierto.

Los Ayuntamientos se quejan de que destinan buena parte de su presupuesto a ofrecer servicios que en realidad no son de su competencia: seguridad ciudadana, servicios asistenciales, becas para libros, etc. Si se recibiese financiación por esos gastos impropios que se asumen, aunque no corresponda, estaría garantizado el equilibrio financiero, con lo que la mayor o menor actividad económica en un momento determinado tendría menos impacto.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aúna todas las voces que piden al Estado que abra la negociación y que no saque la tijera. Se utiliza como argumento para ello el hecho de que se sigue recibiendo el mismo porcentaje presupuestario que hace veinte años, por lo que nos hemos convertido en la administración pobre. Es evidente que las administraciones locales son las que mejores servicios pueden ofrecer a los ciudadanos pero no cuentan con la financiación adecuada para ello. Por eso desde esta federación se reclama un nuevo modelo que contemple la financiación de competencias impropias, ya que el Gobierno central sabe perfectamente que los Ayuntamientos tienen que gastar mucho dinero en solucionar asuntos que no son de su competencia.

Hasta aquí, perfecto. Pero lo que echo de menos en este debate es que no aparezca como motivo de preocupación por parte de la FEMP la necesidad de impulsar medidas en busca de la eficiencia en el gasto. Y es que la ineficiencia y el despilfarro tienen un precio, en parte visible (lo que no ayuda al sector público y a la clase política a reforzar su credibilidad) y en parte oculto (todo aquello que podría hacerse con los recursos mal utilizados).

Aunque los Ayuntamientos han de actuar siempre de acuerdo con los principios de economía y eficiencia, a fin de maximizar el provecho que puede sacarse de los limitados recursos públicos, en tiempos de crisis como los actuales se hace más necesario que nunca emprender políticas de austeridad y desarrollar una gestión eficiente del gasto. Los recursos son cada vez más escasos y nuestro reto debe ser que a pesar de ello sigamos prestando los mismos o mejores servicios. Esta mentalidad de optimizar el gasto ha llegado antes a otros países europeos. Así, el gobierno británico obliga a sus Ayuntamientos a realizar una “declaración de eficiencia anual” y a elaborar “planes de acción” a fin de conseguir un ahorro del 2,5% anual de sus gastos, quedando a su elección la manera como lograrlo, aunque no se permiten los recortes de servicios.

Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a un curso organizado por la Escuela de Administración Local de Murcia dirigido especialmente a concejales de Hacienda, bajo el título “El control del gasto público”. Lamentablemente el concejal de Hacienda de mi Ayuntamiento no se inscribió, pero yo sí lo hice. En este curso, impartido por el director del Instituto Agora de Barcelona, pudimos analizar bastantes estrategias a través de las cuales puede llegarse a la eficiencia: análisis de gastos y su priorización, centralización de compras, círculos de ahorro integrados por personal del Ayuntamiento, programas de sugerencias de ahorro, gestión óptima de los concursos y las concesiones públicas, negociación con los proveedores, optimización de los recursos humanos, externalización de servicios, subasta electrónica para compras, etc.

Por tanto está bien que exijamos más financiación a las Administraciones autonómica y central pero además de eso debe existir una voluntad clara de la Administración local para implantar medidas de eficiencia que logren la reducción del gasto, la optimización de recursos y el incremento de valor para el ciudadano. En mi Ayuntamiento propuse un decálogo de medidas para el ahorro y la eficiencia en forma de moción y ni siquiera fue incluida en el orden del día del Pleno por parte de mi alcalde. Eso demuestra que para muchos políticos no existe verdadera voluntad por conseguir una gestión eficiente del gasto de manera que podamos seguir prestando los mismos servicios con menos recursos.

En conclusión, y para cerrar este artículo de opinión, me atrevo a proponer a las corporaciones municipales, entre otras, las siguientes medidas:

1.-Analizar los gastos para detectar los de mayor impacto y con base a ello plantear medidas y estrategias concretas para la reducción de éstos: gastos que se pueden evitar, gastos improductivos, cambiar la estructura del gasto (tarifa plana, alquiler, compra, leasing,...), abaratamiento de las compras negociando con proveedores, compras on line, centralización de las mismas, etc. Estas medidas deben ser impulsadas y llevadas a cabo por la concejalía de Hacienda, aunque también por los equipos de trabajo que puedan constituirse en diferentes áreas municipales.

2.-Implantar medidas de control presupuestario para que ninguna concejalía se exceda en el gasto asignado. Aquí es fundamental el papel del Interventor municipal y la voluntad decidida del concejal de Hacienda, así como el total apoyo de la Alcaldía.

3.-Crear equipos de trabajo (círculos de ahorro)  que promuevan la participación del personal del Ayuntamiento en el esfuerzo de eficiencia, creando hábitos y conciencia de ahorro y economización del gasto. Estos equipos deben proponer ideas para conseguir unos objetivos concretos de ahorro y lo ideal sería que se formase uno en cada área o concejalía.

Ni que decir tiene que previamente habría que impulsar una campaña de concienciación de toda la corporación municipal y personal del Ayuntamiento por parte de la Alcaldía y concejalía de Hacienda, pues el éxito de cualquier plan de ahorro dependerá de que sea asumido como algo positivo y necesario por quien tiene que desarrollarlo.

Por último, recordar que esto vale para cualquiera de las administraciones públicas, ya que para todo buen político debe ser un objetivo prioritario y de obligado cumplimiento la búsqueda de la eficiencia. Por lo menos eso es lo que entendemos y defendemos desde CDL.

Sebastián Moreno Martínez.
Concejal CDL por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.